Los ‘cargadores fantasma’ en España, un 22% no funcionan y tardan años en activarse

Si eres usuario de coche eléctrico, como si no lo eres, seguro que te habrás encontrado con cargadores para coche eléctrico que no funcionan. Y no me refiero solo a los que están averiados, que también, sino a los llamados ‘cargadores fantasma’. Todos aquellos que están instalados, pero inactivos. ¿Por qué motivo ocurre esto? He investigado al respecto para darte una respuesta.

A mediados de este año 2025, casi 48.000 puntos de carga para vehículos eléctricos estaban activos, y más de 13.000 permanecen apagados, inactivos. Es decir, que cerca de 1 de cada 5 de los cargadores públicos para coches eléctricos no funcionan, el 22% de los cargadores instalados, entre los cuales hay algunos de corriente alterna y otros de corriente continua.

¿Por qué un 22% de los cargadores para coches eléctricos, en España, no están activos?

Esto ocurre por problemas con trámites administrativos y burocráticos, en tanto que la activación de un cargador puede llevar entre 10 y 12 meses en los mejores casos y hasta 2 ó 3 años en los peores. Esta ralentización tiene que ver con el reto que suponen el proyecto técnico y de viabilidad, los permisos de obra y los permisos de instalación, o las autorizaciones finales de Industria. Es verdad que en 2021 se simplificaron los permisos, pero aún a día de hoy hay muchos ayuntamientos no adaptados que mantienen la exigencia de licencias tradicionales.

Además hay un problema de conexión eléctrica, que puede llevar otros 9 meses de espera, porque la distribuidora tiene que aprobar y ejecutar la conexión. Y pueden sumarse meses adicionales por revisiones finales, certificados y, en definitiva, la inspección y activación final.

Además de estos anteriores hay algunos problemas legales y normativos. Hubo una buena cantidad de años en las que solo podían operar los cargadores las empresas registradas como ‘gestores de carga’. Esto se mantuvo hasta el año 2018, y era un importante problema. Otro fue la licencia de obra, que en el año 2021 se sustituyó por la declaración responsable, pero hay ayuntamientos que todavía no aplican la norma.

En el año 2025 se ha fijado por ley un plazo máximo de 80 días para la conexión a red, pero persisten las diferencias entre comunidades autónomas. Hay obligaciones legales mal diseñadas que han llevado a instalar cargadores de baja calidad para cumplir con requisitos laxos para la obtención de ayudas.

Existen además algunas barreras técnicas relevantes. Para instalar puntos rápidos, o ultrarrápidos, hay que reforzar la red, en algunos casos construir un centro de transformación, y en otros incluso una subestación. También se producen obras imprevistas con modificaciones de señalización, aceras o, sencillamente, problemas con servicios urbanos que pueden extender las obras.

Y algunos otros factores como, por ejemplo, que algunas empresas instalan puntos con ayudas públicas, pero los mantienen inactivos a la espera de que pueda ser un negocio rentable. El mantenimiento en algunos casos es deficiente, por la falta de un marco legal que obligue a cumplir responsabilidades, y hay averías que tardan meses en arreglarse. Todo esto, evidentemente, genera un importante problema para los usuarios y para los potenciales usuarios.