Una de las propuestas más polémicas con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez fue el aumento de la fiscalidad a los vehículos diésel a la hora de repostar combustible. El incremento, calculado en 10 céntimos por litro haría subir de media 5 euros el llenado de un depósito. Sin embargo, la propuesta fijada para enero de 2019 podría sufrir un retraso hasta que no se llegue antes a un acuerdo con los Presupuestos Generales.
Un apoyo no tan claro y la necesidad de aprobar los PGE de 2019
La intención del Gobierno de Pedro Sánchez era que, al mismo tiempo que se aprobaba los Presupuestos Generales del Estado para 2019, se diese luz verde también a la nueva fiscalidad del diésel así como el impuesto al sector bancario.
Sin embargo, estas dos propuestas podrían hacer que no hubiese un acuerdo para aprobar los PGE, dado que son dos iniciativas polémicas y que no cuentan con el apoyo de la mayoría. De ahí que la intención sea apartarlas de momento, e intentar luego que sean aprobadas antes de noviembre, fecha límite para poder ponerlas en marcha en enero de 2019.
Todo parece indicar que incluso el borrador de esta nueva fiscalidad para el diésel no estaría todavía preparado. La ministra de Industria, Reyes Maroto, reconoció la pasada semana que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue trabajando «en un borrador sobre la nueva fiscalidad del diésel«, lo que demuestra que todavía quedan bastantes flecos que aclarar como por ejemplo cómo afectará a los profesionales (transportistas, agricultores y taxistas).
Esta mal llamada subida de impuestos del diésel (en verdad lo que se busca es que la gasolina y el diésel paguen lo mismo), acarrearía una subida de 10 céntimos por litro. Actualmente la gasolina está gravada con 40,25 céntimos por litro mientras que en el caso del diésel está fijado en 30,70 céntimos por litro.
La subida de estos 10 céntimos se haría de forma gradual, en un principio con 3 o 4 céntimos lo que reportaría al Estado una recaudación de 600 millones de euros anuales y, posteriormente el resto lo que llevaría a recaudar al Gobierno más de 2.000 millones de euros.
Pero de momento todo parece indicar que el tiempo se echa encima y no hay un acuerdo en el horizonte.
