España ha sido la primera en Europa en castigar a Volkswagen por el dieselgate con una sentencia favorable al cliente, y lo pudimos saber hace dos meses. Ahora ha llegado una segunda sentencia contra Volkswagen, por el problema de las emisiones contaminantes de sus mecánicas diésel, pero esta vez en Palma de Mallorca, donde el concesionario que vendió un SEAT Ibiza 1.6 TDI tendrá que indeminzar al cliente por lo que se ha considerado un fraude comercial.
Ha pasado ya más de un año desde que el ‘dieselgate’ fuese descubierto y destapado públicamente, pero es ahora cuando estamos empezando a conocer las consecuencias legales en contra de Volkswagen. En los Estados Unidos saltaba el escándalo esta semana porque, en el proceso de recompra, algunos han aprovechado la imprecisión de la sentencia contra el fabricante para despiezar sus vehículos afectados por el dieselgate y sacar un beneficio extra vendiendo en el mercado de segunda mano las piezas desinstaladas del vehículo. En España, la picaresca no ha dado titulares que sí están dando las primeras sentencias favorables a los clientes.
La sentencia acepta el exceso de emisiones contaminantes (CO2 y NOx) como ‘fraude comercial’, por lo que impone 500 euros más intereses en concepto de indemnización.
La Justicia da la razón al cliente: Volkswagen indemnizará por el dieselgate al propietario de un SEAT Ibiza
No será Volkswagen de forma directa, y de hecho no es un vehículo de esta marca el contemplado en la demanda y sentencia, sino un SEAT Ibiza con el motor 1.6 TDI. La que tendrá que correr con los gastos en concepto de indemnización es la propia concesión, que ya tiene una sentencia por fraude comercial. Y según la sentencia del juzgado en Palma de Mallorca, lo que se tendrá que dar al cliente son 500 euros más intereses. En la compra, el actual propietario de tal Ibiza pagó 11.000 euros por él.
La sentencia no contempla un importe demasiado elevado porque en España no se ofrecen datos sobre las emisiones de NOx, que son las que superó ampliamente el grupo alemán VAG en el proceso de homologación, aunque ocultando los valores reales con el famoso software. Es decir, que aquí el ‘fraude’, a nivel comercial, tiene que ver con las emisiones de CO2, motivo por el cual el asunto –repito, a nivel comercial- no es tan grave, y por tanto la indemnización es de sólo 500 euros.
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