No solo Baleares ha movido ficha en cuanto al control de emisiones y el uso de vehículos eléctricos en su territorio. El Gobierno de Canarias, de la mano de su presidente Fernando Clavijo, presentaba este pasado miércoles una proposición de Ley mediante la cual se eliminaría el IGIC, el equivalente al IVA en el archipiélago insular, para la compra de vehículos eléctricos e híbridos con emisiones inferiores a los 110 g de CO2 por kilómetro.
El presidente del gobierno canario apuntaba que «la normativa que pondremos en marcha en Canarias es la primera de toda España porque en un territorio insular, por definición limitado y singular en todo lo vinculado con el medio natural, no podemos permitirnos que la amplia flota de vehículos siga contaminando.»
Desde Hacienda, se ha querido destacar que «el sistema fiscal de Canarias no puede mantenerse al margen de cualquier estrategia europea relacionada con el medio ambiente. Queremos utilizar la fiscalidad para impulsar una movilidad sostenible, sin penalizar al sector del automóvil en su conjunto». Se calcula que para las arcas del Gobierno Canario, esta medida supondría dejar de ingresar aproximadamente 2 millones de Euros anuales.
La Ley de cero emisiones, cero impuestos
Con esta Ley, Canarias apunta que para 2030 el porcentaje de vehículos eléctricos que circulen por el archipiélago llegue a ser de aproximadamente una cuarta parte, una cifra que concuerda con la meta establecida por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Entrando en detalle, la proposición de Ley contempla no sólo la compra de vehículos sino también el alquiler. Habida cuenta de que allí llegan muchos turistas extranjeros, mucho más concienciados con el medio ambiente, se buscará que los vehículos eléctricos y bicicletas tributen al tipo cero mientras que los híbridos y ciclos lo hagan al 7% (actualmente lo hacen al 13,5 %).
Otras medidas contemplan a su vez la la eliminación del impuesto cuando el propietario decida instalar un sistema de alimentación ecoeficiente en los vehículos que utilicen gasolina o gasóleo, de forma que puedan funcionar con otro combustible tipo GNC o GLP.
De igual forma y para aquellos conductores profesionales que utilicen biocombustibles, se extenderá la devolución del Impuesto Especial sobre Combustibles Fósiles al igual que ahora se hace a los agricultores y transportistas. Al igual que con el gasóleo, la imposición se fijará en 87,75 euros por cada 1.000 litros y se devolverá la diferencia hasta el máximo establecido, fijado en 265 euros.
Hasta ahora Noruega era el único país en el que no había ningún tipo impositivo para la compra de vehículos eléctricos. No hay fecha todavía previsto de entrada en vigor ya que de momento tendrá que superar el trámite parlamentario. Lo que si entrará en vigor el 1 de enero de 2019 será el Impuesto Especial sobre combustibles derivados del petróleo.